El Derecho a la Ejecución Forzada

En nuestro medio, la ejecución civil de las resoluciones judiciales ha recibido un tratamiento legalisto y formal. Por regla general, se aborda desde una perspectiva procedimental, reduciéndola a una etapa secundaria y accesoria de la declaración de mérito.

Su examen se realiza de espaldas a las orientaciones procesales modernas y parece olvidar el impacto de la ejecución en la protección de los derechos de las personas tanto desde una perspectiva teórica como práctica. Con razón se ha dicho que se trata de una de las temáticas más abandonadas del derecho procesal.

Lo anterior parece desconocer el desarrollo que este tópico ha tenido en las últimas décadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. En efecto, a partir de los fallos del Tribunal de Estrasburgo es posible construir dogmáticamente el derecho a la ejecución forzada como uno de los elementos cardinales de una “nueva” noción del derecho a la tutela judicial que se extiende no solo a los procesos declarativos, sino también aquellos destinados a hacer efectivo lo resuelto.

Así, en el marco de sistemas procesales modernos la ejecución de las resoluciones judiciales es un derecho fundamental que atañe tanto a los acreedores como a los deudores y que obliga a los Estados a proveer a sus ciudadanos sistemas de ejecución eficaces en términos de oportunidad y que permitan el equilibrio de los derechos que están en juego.

Resulta necesario entonces retomar el estudio de los procesos de ejecución civil desde un prisma diverso que permita corregir las falencias antes señaladas y construir argumentos sólidos para su rediseño tanto desde una perspectiva orgánica como procesal, pensando en la justicia civil de los próximos 100 años. Este libro busca ser un aporte en dicho proceso.

CAPÍTULO PRIMERO
EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. MÁS ALLÁ DE LA DECLARACIÓN DE MÉRITO

I. Introducción

II. El derecho a la tutela judicial en la doctrina y jurisprudencia nacional
1. El estado del arte
2. Tutela judicial y acceso a la justicia
3. Tutela judicial y debido proceso
4. Nuevos vientos en la doctrina y la jurisprudencia nacional

III. Hacia una conceptualización del derecho a la tutela judicial

IV. La ejecución de las decisiones judiciales y el derecho a la tutela judicial
1. Tratamiento en el medio nacional
2. Tratamiento en la doctrina comparada y jurisprudencia internacional de los derechos humanos. La “nueva” noción de tutela judicial

V. Estándares que se derivan de la nueva noción de tutela judicial. Una lectura a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. Doctrina de la responsabilidad de los Estados y las obligaciones positivas
2. Dimensión de eficacia de las resoluciones judiciales
3. Sistema de ejecución “balanceado” entre acreedores y deudores

VI. Conclusiones

CAPÍTULO SEGUNDO
LA DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS Y LAS OBLIGACIONES POSITIVAS

I. Introducción

II. Hacia una conceptualización de las obligaciones positivas
1. Desarrollo doctrinario del concepto de obligaciones positivas
2. Algunas críticas al concepto de obligaciones positivas

III. Las obligaciones positivas en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. Fuente de las obligaciones positivas en la Convención Europea de Derechos Humanos
2. Los primeros pasos de la doctrina de la responsabilidad de los Estados y las obligaciones positivas

IV. Contenido de las obligaciones positivas en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. Análisis de algunos derechos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos
2. Las obligaciones positivas en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos

V. Las obligaciones positivas para los Estados y la ejecución de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. La obligación positiva de los Estados de acatar las órdenes judiciales
2. La obligación positiva de los Estados de aprovisionar fondos del presupuesto estatal para pagar deudas
3. La obligación positiva de los Estados de organizar sus sistemas de ejecución

VI. Conclusiones

CAPÍTULO TERCERO
LA DIMENSIÓN DE EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

I. Introducción

II. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

III. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. Primera fase: Determinación del periodo a evaluar
2. Segunda fase: Aplicación de criterios jurisprudenciales
a) Complejidad del caso
b) Conducta del reclamante
c) Conducta de los Estados contratantes
d) Lo que arriesgan o “está en juego” para los demandantes

IV. El plazo razonable y la ejecución de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. Criterios para determinar la razonabilidad de los plazos en materia ejecutiva
2. Necesidad de iniciar nuevos procesos para obtener la ejecución de las resoluciones judiciales
3. Excusas para justificar el incumplimiento de una resolución judicial
4. Otros fundamentos para reclamaciones por plazo razonable

V. Sistemas de ejecución civil. Una reflexión a partir del Análisis Económico del Derecho
1. La eficiencia económica
2. Los incentivos y desincentivos

VI. Conclusiones

CAPÍTULO CUARTO
UN SISTEMA DE EJECUCIÓN “BALANCEADO” ENTRE ACREEDORES Y DEUDORES

I. Introducción

II. Un sistema “balanceado” según la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos
1. El balance de intereses individuales
2. El balance entre el interés general y los intereses individuales

III. Implicancias de un sistema de ejecución “balanceado” entre acreedores y deudores
1. Las tensiones de un sistema de ejecución “balanceado”
a) Primer nivel de tensión: Eficacia v. derecho a la vida privada y familiar
b) Segundo nivel de tensión: Eficacia v. derecho de propiedad

IV. La incidencia del factor cultural en el diseño de un sistema de ejecución “balanceado” entre acreedores y deudores
1. La figura del deudor: ¿El malo o el bueno de la película?
a) Hacia una definición del perfil de los deudores
b) La buena o mala fe procesal del deudor
2. La figura del acreedor: ¿víctima o victimario?
a) Hacia una definición del perfil del acreedor
b) La buena o mala fe procesal del acreedor
3. La figura de los agentes de ejecución: ¿cobrador de deudas o facilitador de acuerdos?
a) Hacia una definición de los agentes u órganos de ejecución
b) El impacto de la competencia entre los agentes u órganos de ejecución en un sistema “balanceado” entre acreedores y deudores

V. Conclusiones

CAPÍTULO QUINTO
LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

I. Introducción

II. La ejecución de las resoluciones judiciales en el Código de Procedimiento Civil
1. Antecedentes generales
2. El proceso de ejecución en el Código de Procedimiento Civil
a) Procedimiento ejecutivo incidental
b) Procedimiento ejecutivo en el juicio de hacienda
c) Procedimiento ejecutivo ordinario

III. Problemas derivados de la regulación legal de la ejecución en el Código de Procedimiento Civil
1. Procedimiento ejecutivo incidental
a) Limitaciones al derecho de defensa del ejecutado
b) Trato diferenciado al Fisco cuando es condenado
c) Inembargabilidad de los bienes de órganos fiscales
d) Privilegios procesales del Estado
2. Procedimiento ejecutivo ordinario
a) Ineficacia del sistema para satisfacer el interés del acreedor en forma oportuna
b) Litigación “innecesaria” y sus consecuencias
c) Ausencia de consideraciones en función del perfil de los deudores
d) Falte adecuación de la normativa procesal civil a las nuevas condiciones de acceso al crédito y masividad de la actividad contractual

IV. Aires de reforma. Proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil
1. Proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil de 2009. Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria (2006 a 2010)
a) Procedimiento ejecutivo incidental
b) Procedimiento ejecutivo ordinario
2. Proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil de 2012. Gobierno del presidente Sebastián Piñera Echeñique (2010 a 2014)
a) Procedimiento ejecutivo incidentalb
b) Procedimiento ejecutivo ordinario
3. Historia legislativa del Proyecto de ley de Nuevo Código Procesal Civil de 2012
a) Respuesta de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia
b) Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. 19 de diciembre de 2013
c) Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 8 de enero de 2014
d) Discusión en general. Sala de la Cámara de Diputados. 22 de enero de 2014
e) Discusión particular. Cámara de Diputados. 7 de mayo de 2014
4. Ley 20.886 que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales

V. Conclusiones

LA NUEVA REGULACIÓN CONCURSAL CHILENA. EL GRAN CAMBIO DE PARADIGMA

I. Introducción

II. La nueva ley de reorganización y liquidación de empresas y personas
1. Origen y fundamentos de la propuesta legislativa
2. Principales hitos de la tramitación parlamentaria de la ley 20.720
a) Primer trámite constitucional. Senado. Discusión general. Aprobado en general. 20 de junio de 2012
b) Primer trámite constitucional. Senado. Discusión particular. 4 de junio de 2013
c) Segundo trámite constitucional. Informe Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Cámara de Diputados. Discusión particular. 11 de septiembre de 2013

III. Los procedimientos concursales de persona deudora
1. Modelo orgánico de ejecución concursal de persona deudora
2. Estructura general de los procedimientos concursales de persona deudora
a) Procedimiento Concursal de Renegociación de la persona deudora
b) Procedimiento Concursal de Liquidación de la persona deudora

IV. Algunos resultados de la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento
1. Atenciones realizadas por la superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
2. Procedimientos concursales más utilizados
3. Procedimiento concursal de persona deudora más solicitado
4. Los acuerdos en los procedimientos concursales de renegociación
5. Género de los usuarios de los procedimientos concursales

V. Conclusiones